Fuente: AP |
Unas 50 mil personas acudieron el sábado a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional en el centro Histórico de la capital guatemalteca, para mostrar su rechazo a la corrupción y donde los participantes exigieron la renuncia de Pérez Molina.
"Voy a seguir trabajando con mucha fuerza, voy a hacer mi mejor esfuerzo por seguir trabajando de la misma manera por todo el pueblo de Guatemala. Tomo en cuenta, por supuesto esas peticiones, demandas, reclamaciones, pero yo voy a cumplir el mandato constitucional que establecen las leyes del país y hasta el 14 de enero (de 2016) estaremos entregando la presidencia", dijo Pérez Molina en el acto público de entrega de informe de gestión de la fiscalía general.
El presidente intenta frenar la oleada de críticas por corrupción a su administración y para ello lanzó una propuesta para integrar un frente con el cual diversos sectores que han participado de las marchas puedan unirse y aportar ideas de frente a hacer cambios en el sistema político del país y a leyes como las de partidos políticas, servicio civil, ley de probidad y de compras y contrataciones.
Los manifestantes exigen la salida del presidente luego de que la vicepresidenta Roxana Baldetti, renunciara al cargo tras verse vinculada con el caso de defraudación.
La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala desarticularon una red de funcionarios aduaneros que a través de sobornos pagados por empresarios, defraudaban al fisco. El escándalo generó una ola de inconformidad generalizada por parte de la sociedad guatemalteca que ha salido a las calles a pedir justicia.
La red supuestamente era dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Roxana Baldetti, ahora prófugo de la justicia.
El Ministro de gobernación Mauricio López Bonilla dijo el lunes que están tras la pista de Monzón quien el fin de semana se les escapó a las autoridades pues supuestamente lo habrían detectado en un hotel en la ciudad de Antigua Guatemala, a unos 40 kilómetros al occidente de la capital.
Tras la renuncia de Baldetti, la fiscalía logró una prohibición judicial para que salga del país e iniciar así las investigaciones para determinar si sabía o pertenecía a la red de defraudación descubierta.
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