La delegación mexicana enfrentó la primera de dos jornadas de preguntas de parte del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, el cual vigila el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, suscrita en 2006.
La reunión tiene lugar en un momento difícil para México, debido a la atención mundial que suscitó la desaparición en septiembre de 43 estudiantes de una escuela rural de maestros a manos de policías.
Parientes de algunos de los estudiantes desaparecidos asistieron a la sesión en la que miembros del comité preguntaron a las autoridades mexicanas sobre las investigaciones del caso.
"Las causas de esto (la desaparición de los estudiantes en la localidad de Iguala) creo que tienen poco que ver con el marco institucional y tienen más que ver con la situación coyuntural que se vive en algunas partes del país, específicamente el estado de Guerrero", declaró el embajador Jorge Lomonaco en entrevista con la prensa al término de la reunión.
Sin embargo, la aprobación de una iniciativa de ley propuesta a finales de noviembre que establece los cargos y castigos por las desapariciones forzadas sería una "herramienta fundamental", agregó.
De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, en México existen 23.271 personas desaparecidas o no localizadas, de las que 621 pretende encontrar la Unidad de Búsqueda de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las estadísticas fueron facilitadas por el despacho de la subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García, el 19 de enero durante un foro en la Cámara de Diputados.
Según la PGR, policías detuvieron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala y los entregaron al grupo delictivo Guerreros Unidos, que los asesinó, quemó los restos y tiró lanzó las cenizas a un río.
Las pruebas de ADN sólo confirmaron la identidad de uno de los estudiantes, por lo que familiares de las víctimas dudan de la versión del gobierno.
La delegación mexicana dijo ante el comité de la ONU que prosiguen las investigaciones del caso.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, dijo al comité que "la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña."
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