EL CAIRO, Egipto (AP) -- Un tribunal egipcio condenó a 183 personas a la pena capital el lunes, por el asesinato de 15 policías y el saqueo de una comisaría en la ola de violencia que se apoderó del país tras el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi en 2013. Se trató del veredicto más reciente de una serie de condenas masivas a muerte que han provocado condena local e internacional.
En agosto de 2013 atacantes saquearon una comisaría en Kerdassah, una aldea vecina de El Cairo, mataron a 15 agentes incluido el jefe y mutilaron algunos cadáveres.
Se cree que el asalto fue una venganza de fieles de Morsi por la represión de la Hermandad Musulmana. Morsi, antiguo dirigente de la Hermandad, fue derrocado por los militares en julio de 2013 luego de protestas masivas contra su gobierno. Sus partidarios realizaron un par de grandes protestas públicas en El Cairo, ferozmente reprimidas por la policía el 14 de agosto de 2013, con un saldo de cientos de dirigentes muertos. Horas después comenzó el ataque a la comisaría de Kerdassah.
El fallo del lunes fue pronunciado por el juez Mohamed Nagi Shehata, quien se ha destacado por sus condenas severas a los críticos del gobierno. Shehata condenó a prisión a tres conocidos activistas por violar una nueva ley contra manifestaciones no autorizadas. También condenó a tres periodistas de Al-Jazeera en inglés a penas de siete a 10 años de prisión; uno de los tres, el australiano Peter Greste, fue liberado y deportad, mientras los otros dos permanecen en prisión.
Otros jueces han condenado a muerte a partidarios de la Hermandad, incluidos más de un millar en dos juicios masivos que fueron condenados por grupos defensores de los derechos humanos. Muchas sentencias fueron anuladas luego y en un caso el juez fue removido.
Morsi, quien gobernó durante un año, enfrenta varias causas, por conspiración con grupos extranjeros, autorización de la matanza de manifestantes y otros cargos. Su próximo juicio, por entregar documentos secretos de seguridad nacional a un tercer país, está previsto para comenzar el 15 de febrero. El actual gobierno declaró oficialmente a la Hermandad Musulmana una organización terrorista.
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