La Finjus insiste que sin la dotación de los recursos adecuados el sistema de justicia corre el riesgo de sufrir un colapso funcional de impredecibles consecuencias, que colocaría en peligro la seguridad jurídica que sustenta nuestra economía y haría más precaria la deteriorada seguridad ciudadana.
La Finjus dice que históricamente el Estado dominicano ha incumplido con las leyes que establecen la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, de lo que se derivan una serie de consecuencias graves para todo el aparato judicial, como son condiciones laborales precarias, falta de recursos humanos y materiales, escasez de tribunales, mora judicial, congestionamiento del sistema y deficiencias en la capacitación de los jueces y fiscales.
En una comunicación de prensa enviada a los medios, señala que, de acuerdo a la citada ley, al Poder Judicial le corresponde un 2.6% de dicho monto. No obstante, el presupuesto aprobado desde 2010 no ha superado el 1.28%. En cuanto a la Procuraduría General de la República, le corresponde un 1.44%, del que sólo se le ha aprobado un 0.83%, 0.87% y 1.32% en los últimos tres años.
"Estas circunstancias trascienden el ámbito meramente judicial y atentan gravemente contra los derechos de los usuarios del sistema de justicia, principalmente en la rama penal. Dichas violaciones afectan el derecho de defensa y el acceso a la justicia, prolongándose indebida e injustificadamente los procesos penales.", indica la Finjus.
Expone que La gravedad aumenta cuando el procesado se encuentra guardando prisión preventiva, tomando en consideración que un alto número de recintos carcelarios continúa funcionando bajo el viejo modelo de gestión penitenciaria, caracterizado por las condiciones inhumanas y degradantes en que allí se habita.
Respaldó las demandas de los actores de la justicia encaminadas a mejorar las condiciones de existencia y trabajo en sus respectivas funciones. No obstante, afirma que coinciden con quienes han alertado que en el ejercicio de dichas demandas, no se altere el orden público, se niegue el derecho de los ciudadanos a la justicia o se desconozca el ordenamiento jurídico por cualquier vía.
La Finjus dice que no es la primera vez que los jueces, fiscales y defensores se asocian en la búsqueda de mejores condiciones laborales y de trabajo, debido a que en Iberoamérica ya se han presentado casos en que dichos actores se han organizado para someter sus solicitudes al respecto y garantizar que las mismas sean escuchadas.
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