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| portavoz de la Presidencia, Roberto R. Marchena |
Santo Domingo RD
El Gobierno rechazó la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que declara culpable a República Dominicana por las supuestas violaciones a los derechos de haitianos que fueron deportados a su país entre los años 1999 y 2000, por considerarla “extemporánea, sesgada e inoportuna”.
Consideró que la sentencia 282 del 28 de agosto del presente año, pasa por alto numerosas circunstancias, entre las cuales citó la actual implementación del plan integral para la regularización y documentación de todas personas que habitan en el territorio dominicano.
Asimismo, manifestó su adhesión al artículo Uno del Convenio de la Haya, del año 1930, que faculta a cada estado a regular y determinar de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales.
“Este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable del Estado dominicano”.
En un comunicado divulgado por el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el Gobierno destaca que la CIDH ha ignorado aspectos relevantes de la historia dominicana reciente, que muestran la voluntad inequívoca de esta nación de modernizar y mejorar su marco legal, como lo es el caso de la constitución del 2010 que incluye derechos de tercera generación.
“El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación del mismo, en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad”, destaca el documento.
Agregó también el compromiso del Gobierno dominicano con el respeto a los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el país en materia de documentación.
Resaltó que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en el país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.
“Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implantación de soluciones”, destacó.
Declaró que el deber del Gobierno, en primer lugar, es defender la soberanía de República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en el territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.
“Creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido y será el mismo: construir sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin y es el de propiciar la felicidad a las personas”.
Recordó que la separación de los poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Reacciones a sentencia
A la respuesta del gobierno al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se agrega una ola de rechazo total en el país. Desde los dos cuerpos legislativos del país, juristas, historiadores, líderes políticos y ciudadanos comunes de la nación, han respondido con indignación ante el fallo del organismo internacional.
A la respuesta del gobierno al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se agrega una ola de rechazo total en el país. Desde los dos cuerpos legislativos del país, juristas, historiadores, líderes políticos y ciudadanos comunes de la nación, han respondido con indignación ante el fallo del organismo internacional.
El senador Reinaldo Pared Pérez la calificó de “aberrante y totalmente prejuiciada” y defendió el derecho que tiene el país para aplicar una política migratoria.
El senador de Espaillat, José Rafael Vargas, entiende que la sentencia no se relaciona con República Dominicana porque la CIDH desconoce los derechos de soberanía, y por tal razón no hay que cumplir con lo que ellos dicen.
Vinicio Castillo Semán, diputado de la FNP, dijo que la sentencia incita a la rebelión y a un golpe de Estado Constitucional.
“Pido a las Fuerzas Armadas enviar tropas a la frontera, porque después de este fallo Haití se puede sentir alentado a entrar al país”, expresó.
Los diputados Demóstenes Martínez, Hugo Núñez, Máximo Silverio Casto y el vocero de los diputados del PLD, Rubén Maldonado, criticaron el fallo de la Corte. Castro Silverio, del PRSC, en Santiago, dijo que esa intromisión es “inaceptable en la soberanía de un Estado libre”.
Mientras, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, advirtió ayer que la soberanía dominicana es un asunto “sagrado e innegociable”.
EXPERTO JUAN MANUEL ROSARIO REPUDIA FALLO
El profesor y especialista en Derecho Internacional y Migratorio, Juan Manuel Rosario, juzgó ayer “absurda y aberrante” la sentencia de la CIDH que condenó al país por la presunta expulsión de haitianos y dominicanas y de violar sus derechos. Afirmó que ese fallo busca crear las condiciones para desintegrar la soberanía del país y sugirió que el Estado enfrente esta situación “a cualquier precio”.
Rosario, autor de más de una decena de libros relacionados con esta materia y redactor de la Ley de Migración 285-04, manifestó que el fallo de la CIDH pretende obligar al país a retroceder en sus derechos como nación soberana y como sujeto del Derecho Internacional, “para que poco a poco se vaya imponiendo una situación de hecho en torno a la relación dominico-haitiana”.
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