Venezuela.- El líder de oposición venezolano Leopoldo López conocerá este viernes la sentencia definitiva del tribunal que sigue su causa, y que podría costarle la privación de libertad por hasta 13 años.
López tendrá tres horas para presentar sus últimos argumentos, con la idea de convencer a la jueza Susana Barreiros, quien lleva la causa, de que es inocente. De lo contrario, según pidió en abril pasado la Fiscalía que acusa al dirigente político ante el tribunal, podría permanecer encarcelado 13 años, en suma, por todos los delitos que se le imputan.
López, que fue alcalde de Chacao, municipalidad de Caracas, está preso luego de liderar una manifestación hacia la Fiscalía General de Venezuela que terminó en violencia el 12 de febrero de 2014. Fue acusado de ser el autor intelectual de incendios intencionados, de instigación pública, daños y asociación para delinquir. El propio presidente Nicolás Maduro lo culpó públicamente de los hechos. El dirigente del partido Voluntad Popular decidió entregarse a las autoridades seis días después de que fuese dictada una orden de captura en su contra.
Tras más de 50 sesiones en los tribunales, la defensa de López afirma que el proceso ha estado plagado de vicios. Desde el inicio, denuncian, tuvieron obstáculos para realizar su trabajo.
“No se nos permitió promover testigos ni evacuar pruebas para confirmar la inocencia”, recuerda el abogado Juan Carlos Gutiérrez, parte del equipo defensor de López.
Durante ese día de manifestación ante la Fiscalía, en febrero de 2014, fallecieron dos personas.Aunque las autoridades confirmaron luego que en la zona habían disparado funcionarios de inteligencia vestidos de civil, el Gobierno sigue vinculando a López con la revuelta. Se basan en un análisis del discurso del dirigente opositor, así como en los mensajes que envió a través de su cuenta en la red social Twitter a inicios de 2014.
"Utilizó (López) su cuenta en Twitter de manera irresponsable, pues promovió la violencia consciente del impacto que pueden generar sus tuits en la sociedad”, concluyó el periodista Mariano Alí, directivo de una emisora radial del Estado, y “analista de discurso” presentado por la Fiscalía ante el tribunal.
“En cada sesión surgieron nuevas pruebas que demostraron su estado de inocencia y la necesidad de que se debe producir de forma inmediata su liberación. La verdad ha salido a relucir, una verdad que dice que Leopoldo no ha cometido ningún delito”, asegura Gutiérrez. Está convencido de que el discurso del dirigente de Voluntad Popular en nada puede servir para incriminarlo, pues sus argumentos eran políticos y fueron ventilados “en pleno ejercicio de sus derechos civiles”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
También la esposa de López, Lilian Tintori, ha denunciado torturas sicológicas de las que ha sido víctima el preso político en su estancia en la cárcel militar de Ramo Verde. En varias oportunidades se le ha impedido la visita de sus familiares y, en octubre pasado, la defensa denunció que custodios habían lanzado excremento humano a la celda.
La defensa incluso ha recusado en dos oportunidades a la jueza, pidiendo que se inhiba de conocer el caso, porque no la consideran independiente, pero ella ha rechazado el recurso y continúa en el proceso. También obvio el exhorto que en diciembre pasado hizo el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien pidió al gobierno de Maduro juzgar al dirigente político en libertad.
Por López han abogado los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Henrique Cardozo (Brasil) y Felipe González (España). Este último incluso quiso sumarse al equipo de defensa del preso político, pero el gobierno de Maduro le advirtió que no le otorgaría un permiso de trabajo para ejercer esa función. A todos, sin embargo, se les ha negado la posibilidad de visitarlo en la cárcel.
El momento más complicado de su encierro ocurrió en el 23 de mayo pasado, cuando López decidió emprender una huelga de hambre para presionar al gobierno para que convocara las elecciones parlamentarias, pautadas ahora para inicios de diciembre próximo. Debilitado de su salud, el ayuno duró un mes, y fue suspendido justo un día después que se oficializara la fecha de los comicios.
Pocas esperanzas
La propia madre de López, Antonieta Mendoza, ha dejado ver que tienen pocas esperanzas de que la sentencia favorezca a su hijo. El lunes, tras la penúltima audiencia del tribunal, declaró a la prensa internacional que están preparados para que se produzca una decisión en horas de la madrugada de este viernes.
"Esperamos que se cumpla la ley. No hay razones para que sea de otra forma", dice Gutiérrez. Ya el miércoles el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, planteó que la organización política de López, Voluntad Popular, planea acciones de calle una vez que se conozca la decisión de la jueza Barreiros, adelantando tácitamente que el veredicto no será favorable.
"Esta lucha es por nuestros jóvenes, es por los estudiantes, por los reprimidos, por los encarcelados, por todo el pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo colas, escasez, los jóvenes no tienen empleo ni futuro", dijo López en febrero pasado minutos antes de entregarse a las autoridades. Hasta ahora le ha valido para reforzar su popularidad, al cierre de mayo pasado la firma independiente Datanálisis lo ubicaba como el líder con mayor aceptación (40%), superando al excandidato presidencial opositor Henrique Capriles y al propio Maduro.
López es el más famoso de los detenidos de conciencia en Venezuela. Sin embargo, hay 73 presos políticos, de acuerdo a la lista que lleva la Fundación por los Derechos y Equidad (Fundeci), una ONG vinculada a la defensa de los DDHH.
La mayoría de los políticos presos, 64 de ellos, han sido detenidos durante los apenas 28 meses en que Nicolás Maduro ha estado al frente de la presidencia. De la época en que Hugo Chávez estuvo en el poder, apenas quedan nueve antichavistas tras las rejas. "El sistema de justicia en Venezuela se utiliza como un arma de persecución política en donde la Constitución y la Ley tienen poco o nada que ver”, dice Gonzalo Himob, abogado de otra ONG defensora de DDHH, Foro Penal.
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