Así lo plantea Angie Bergés, oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), uno de los organismos internacionales que asesoran a la Cámara de Diputados en la redacción del proyecto de ley de reforma policial.
Entre las propuestas a la pieza, el organismo destaca el rol que debe tener la sociedad civil en el Consejo Superior Policial y objeta, entre otros aspectos, el artículo 17 del anteproyecto, referente a la composición de ese órgano.
Según el referido artículo, el Consejo estaría integrado por el ministro de Interior y Policía, que lo preside; el procurador general; más siete directores de la Policía, incluido el director general (jefe) que fungirá como su director ejecutivo.
“Con esa composición se presenta un importante desequilibrio entre miembros de la Policía y representantes del poder civil”, plantea el PNUD en sus observaciones. Señala la incompatibilidad de funciones entre el presidente y director ejecutivo, y advierte una concentración de poderes “poco sana” para un órgano que es colegiado.
“Se supone, de acuerdo a la Constitución, que la Policía pasaría a un enfoque más civil, por lo tanto, nosotros hemos observado ese artículo y sugerido que dentro de los votos del Consejo Superior Policial, exista un voto de la sociedad civil y que no pueda deliberar sin una representación de la sociedad civil”, insiste Bergés.
Cita: “Para que el consejo policial, tenga una objetividad y sea completamente objetivo en la toma de decisiones debe contar con esa visión de la sociedad civil que va más allá de lo que son los rangos y la visión interna de la misma Policía”. También hace énfasis en que se deje claramente establecida la jerarquía entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.
“Una de las observaciones que hace el PNUD es que la Policía Nacional debe de actuar bajo la dirección del Ministerio Público en los casos de investigación criminal y penal y es así, porque la Constitución establece que es un órgano de protección de la ciudadanía, y el mandato de investigación criminal es mandato del Ministerio Público”, explica.
Bergés entiende que el Consejo debe velar por el cumplimiento de las normas y evitar así una confusión de roles entre ambos organismos.
Otro aspecto que observa el organismo es lo referente a la función y composición de la Dirección de Asuntos Internos. “Nosotros hemos insistido mucho en que ningún órgano se puede auto regular, por eso, lo que tiene que ver con Asuntos Internos, debe corresponder al Ministerio Público, que en el proyecto de ley actual, todavía eso no queda claro, pues ningún organismo se puede auto inspeccionar ni auto auditar ni auto sancionar”, insiste.
En lo que tiene que ver con las mejoras salariales y equipamiento a los policías, la oficial del PNUD favorece la dignificación de los agentes una vez implementada la carrera policial. “No es que no tengamos que invertir en equipos y en el salario de la Policía. Nosotros creemos fehacientemente que debemos aumentar el salario de los policías, ahora bien, lo que debemos aumentar primero es la calidad de los agentes que prestan el servicio”, precisó.
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