MEXICO--
La fiscalía mexicana asegura que la policía municipal de San Fernando, en el fronterizo estado de Tamaulipas, estuvo involucrada en la matanza de 193 migrantes en 2011 y cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.
Así lo constata una tarjeta informativa de la Procuraduría General de la República enviada a The National Security Archive, una organización no gubernamental estadounidense que solicitó la información en aras de la ley de transparencia mexicana y que divulgó el lunes en su web el documento oficial.
El informe dice que policías locales y de tránsito de San Fernando, una localidad de 60.000 habitantes cerca de la frontera con Texas, participaron en "labores de halconeo" (vigilantes al servicio de los cárteles), en la detención de los migrantes y en su posterior entrega al cártel de Los Zetas, una de las organizaciones criminales más poderosas del estado de Tamaulipas y que lucha contra el Cartel del Golfo por controlar el tráfico de personas en esa zona.
De hecho, a mediados de 2011 hubo muchos secuestros masivos de indocumentados que viajaban en autobuses con la intención de cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos y que fueron atribuidos a la delincuencia organizada.
El documento detalla que los agentes ayudaban a la organización de los Zetas, que se encargaban de la "intercepción de personas", y que incumplían con su deber porque no actuaban frente a delitos de los Zetas, de quienes "recibían pago".
Esta es la primera vez que la Procuraduría desclasifica documentos relacionados con alguna de las tres masacres contra inmigrantes ocurridas en el norte de México en los últimos años: los 72 migrantes asesinados en San Fernando en agosto 2010; los al menos 193 cuerpos encontrados en 47 fosas clandestinas también en San Fernando entre abril y mayo de 2011, y los 49 torsos localizados en Cadereyta, en el vecino estado de Nuevo León, en mayo de 2012.
La desclasificación coincide con la crisis generada por el caso Iguala, en el que también fueron policías locales vinculados con el crimen organizado los que atacaron en el sureño estado de Guerrero a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, matando a 6 personas y desapareciendo a 43 estudiantes.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, uno de los colectivos que asesora a las víctimas de San Fernando, ya había denunciado la participación de autoridades en esos crímenes pero, como explicó a AP su directora, Ana Lorena Delgadillo, el documento desclasificado ahora confirma "el grado de participación de la policía".
"Es un paso muy importante para ir abriendo el derecho a la verdad", dijo Delgadillo, aunque lamentó que la tarjeta informativa desclasificada siga sin dar muchas respuestas porque, aunque menciona que se investigó a 18 agentes, no aclara cuántos procesos se iniciaron, ni el estado de los mismos.
"Hay confusión también en los delitos que se les imputan porque no se distingue entre funcionarios públicos y miembros del crimen organizado y sus responsabilidades son diferentes, y tampoco se mencionan delitos de tortura aunque los cadáveres de las fosas presentaban huellas de ello", explicó.
La Fundación lleva años solicitando el acceso a los expedientes en su labor de defensa de las víctimas y aunque un juez le dio la razón este año, la fiscalía recurrió y actualmente la Corte Suprema de México analiza el caso.
La Procuraduría, junto con la Fundación para la Justicia, el equipo de Antropólogos Forenses Argentinos y otras ONG firmaron en septiembre de 2013 un convenio para identificar y buscar la causa de muerte de al menos 314 migrantes asesinados en el norte de México en las tres masacres mencionadas.
En mayo de 2014, según la Fundación, cerca de 200 restos permanecían sin identificar y las organizaciones civiles acumulaban denuncias contra la actuación de las autoridades que en ocasiones erraron en las identificaciones y entregaron cuerpos confundidos e incluso no evitaron que algunos cadáveres fueran incinerados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe presentado en agosto, dijo que la respuesta del estado mexicano ante estas atrocidades "osciló entre la indiferencia y la opacidad".
"Abrí el ataúd y había 17 bolsas plásticas de diversos colores, un pedazo de carne con tierra y gusanos y más bolsas pero no el cadáver, ¿por qué este engaño?", se quejaba entonces una madre hondureña cuya carta, pidiendo ayuda a la Comisión, fue publicada en el informe de esta organización.
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