BRASILIA/RÍO DE JANEIRO (Reuters) - Los atentados de la semana pasada en París han generado temores sobre los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, un país con tan poca historia de terrorismo que hasta la presidenta descartó la posibilidad de un ataque y por años los legisladores no han querido aprobar leyes que lo conviertan en delito.
Diplomáticos en Brasilia dicen que Gobiernos occidentales están preocupados por la seguridad de sus atletas y turistas en los Juegos, porque creen que las autoridades locales son complacientes y se toman demasiado en serio la histórica posición de Brasil como una nación no alineada y multicultural que no tiene enemigos.
La semana pasada, la presidenta Dilma Rousseff descartó la posibilidad de un incidente en Brasil como el ataque de Estado Islámico a la capital francesa que dejó al menos 129 muertos. "Estamos muy lejos", dijo tras una cumbre en Turquía.
Los expertos en seguridad dicen que muchos funcionarios brasileños no se dan cuenta de la magnitud que los Juegos tienen para quien quiera realizar un ataque terrorista, ya sea a las sedes, infraestructura o los atletas y 500.000 turistas que se espera viajen para el evento.
"Brasil está muy atrasado en la prevención del terrorismo", dijo Fernando Brancoli, investigador de Oriente Medio y Seguridad en la Fundación Getulio Vargas.
Pero las autoridades de Brasil, ansiosas por organizar la primera cita olímpica en América del Sur, dicen que los Juegos, que comenzarán el 5 de agosto, serán seguros. Los funcionarios señalan que el país está acostumbrado a ser sede de grandes eventos, como sus multitudinarios carnavales.
"Hemos organizado otros grandes eventos sin problemas y los Juegos Olímpicos serán igual de exitosos", dijo el general Luiz Felipe Linhares, funcionario de la Armada encargado de los preparativos para los Juegos de Río de Janeiro.
Los organizadores están usando Juegos anteriores como modelo, cooperando con servicios de inteligencia extranjeros y tratando de mejorar el esquema que se puso en práctica el año pasado para el Mundial de fútbol. Río tendrá unas 85.000 personas velando por la seguridad, el doble de los Juegos 2012.
El Gobierno de Estados Unidos ha invitado a funcionarios de Brasil a aprender sobre la seguridad en grandes eventos, como el Super Bowl, y le ha dado información sobre cómo manejar una crisis si se produce un ataque como el del Maratón de Boston.
IMPOSIBLE DE CONTROLAR
Pero la violencia y la seguridad no son cosas a las que Río de Janeiro esté ajena, ya que es una ciudad en la que los traficantes de drogas y las bandas armadas controlan las barriadas pobres.
La policía, si es que está presente, se ve superada en número y en armamento. Muchas de las favelas están cerca de sedes olímpicas, playas populares y hoteles de lujo.
Un diplomático europeo que lidia con temas de seguridad dijo bajo condición de anonimato que los preparativos para los Juegos se ven obstaculizados por la falta de coordinación y las luchas de poder entre la policía, el Ejército y la agencia de seguridad nacional, ABIN. Otros funcionarios extranjeros hablan de este tema, algo que los oficiales locales desestiman.
La policía federal de Brasil, una fuerza muy respetada que incluye una unidad profesional de contraterrorismo, ha sido alabada por muchos gobiernos extranjeros por mejorar los controles migratorios en los últimos años y ser más agresiva contra los fugitivos internacionales.
Pero aún así, es muy difícil controlar los miles de kilómetros de fronteras de Brasil, buena parte de los cuales pasan por la densa selva amazónica. Además, el Congreso local aprobó el mes pasado una ley con la que el Gobierno le permitirá a ciudadanos de ciertos países ingresar a su territorio para los Juegos sin necesidad de una visa.
El jefe de las Fuerzas Armadas criticó la medida, al sostener que hace más vulnerable al país. Pero el ministro de Turismo, Henrique Alves, dijo que la excepción solamente se aplicará a países que fueron sede de los Juegos y no son vistos como riesgos para la seguridad o la inmigración, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.
Brasil está a punto de poner fin a un obstáculo de larga data en su relación con Estados Unidos en materia de seguridad con la aprobación de una ley para que el terrorismo sea un delito con un castigo de hasta 24 años en prisión.
Hasta hace poco, los partidos de centroizquierda que estuvieron en el poder no querían definir al terrorismo como delito porque muchos políticos, entre ellos Rousseff, participaron siendo jóvenes de grupos guerrilleros a los que la dictadura militar que gobernó Brasil por dos décadas catalogaba de terroristas.
Pero ahora quieren eliminar todo lo que impida extraditar a sospechosos de terrorismo o hacer del país un paraíso para los criminales que buscan refugio.
"Los ataques en París muestran que el terrorismo es un crimen cada vez más transnacional", dijo el senador Aloysio Nunes, quien recientemente impulsó el proyecto de ley de terrorismo, respaldado por Rousseff, y espera la aprobación en la Cámara Baja.
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