"Hoy venimos a honrar la memoria de las víctimas de la Shoa (Holocausto) y el 70 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, pero también a rendirle honor a Alberto Nisman, un fiscal que fue víctima por el solo hecho de investigar el ataque más violento que sufrió la República Argentina", dijo Mario Comisarenco, tesorero de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (AMIA).
La muerte del fiscal que investigaba el atentado terrorista contra un centro comunitario judío en 1994 y que había denunciado a la presidenta Cristina Fernández como ideóloga de un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del ataque conmocionó a la comunidad judía local.
La comunidad decidió conmemorar el Día del Holocausto con un acto propio y no aceptar la invitación del gobierno a participar en un evento conjunto, tal como era la tradición desde que en 2005 Naciones Unidas estableció que cada 27 de enero se recuerde a las víctimas del régimen nazi.
"En honor a las víctimas, no vamos a compartir una mesa con quienes no nos brindan la verdad, ni mucho menos justicia, nos encontramos hoy frente a una encrucijada inesperada", planteó Comisarenco. "Las instituciones no estamos para contestar preguntas, sino para hacerlas... ¿por qué se firmó un acuerdo con un país que niega la Shoa? (en referencia a Irán). ¿Cuáles son los alcances de la reciente denuncia formulada por el fiscal Nisman? ¿Por qué apareció muerto?", enumeró.
Nisman, de 51 años, apareció muerto en su apartamento el 18 de enero, horas antes de comparecer ante una comisión del Congreso para explicar la denuncia contra Fernández por firmar un memorando de cooperación judicial con Irán en 2013 para desviar la investigación del atentado con la supuesta intención comerciar granos a cambio de petróleo que el país sudamericano necesitaba en un contexto de crisis energética.
La justicia argentina investiga si el fiscal fue asesinado, cometió suicidio o fue víctima de un suicidio inducido. A más de una semana de su muerte, el cuerpo de Nisman será entregado el miércoles a la familia y sus restos serán enterrados un día después en el cementerio Israelita de la localidad Tablada suburbio al oeste de la capital.
El acuerdo con Irán fue duramente cuestionado por los referentes de la comunidad judía de Argentina, la mayor de América Latina, y significó un punto de quiebre en la relación cordial con el gobierno kirchnerista, el mismo que había impulsado la creación de una unidad fiscal especial para investigar el atentado contra la AMIA y que ante la Asamblea General de Naciones Unidas había reclamado en varias oportunidades a Irán que dejara de proteger a los acusados del ataque terrorista.
En la víspera, Fernández rechazó las acusaciones de Nisman y defendió la firma del acuerdo con Irán como la única vía para sacar de la parálisis a la investigación por el atentado, ya que, según ella, hubiera permitido tomar declaración a los imputados en Teherán.
El acuerdo nunca entró en vigencia puesto que fue declarado inconstitucional por la justicia argentina, mientras que el parlamentó iraní nunca lo convalidó.
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