PANAMA-- La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió el miércoles una denuncia por presunta corrupción contra el ex presidente Ricardo Martinelli y aprobó que sea investigado, en una medida que sorprendió en un país con una fuerte percepción de impunidad en los escándalos de los políticos.Tras una sesión de más de cuatro horas, la corte en pleno aceptó de manera unánime la causa penal contra Martinelli y designó a uno de sus jueces como fiscal para que investigue al ex líder derechista en un caso de corrupción y peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional, una entidad social que manejaba cientos de millones de dólares.
Asimismo nombró a un juez de garantías y pidió al Tribunal Electoral se levante un fuero del que goza el ex gobernante por ser presidente de un partido político.
La decisión de los nueve magistrados encontró a Martinelli en Guatemala, a donde viajó el miércoles a una sesión del Parlamento Centroamericano en calidad de diputado de ese órgano regional, en medio de especulaciones de los medios de que estaría buscando refugio.
Hubo reacciones favorables a la medida judicial. Gremios de abogados independientes y de la sociedad civil habían convocado días antes a una marcha callejera para el jueves a fin de exigir castigo en los casos de corrupción pública denunciados.
"La decisión de la corte tiene un impacto muy importante porque la queja general de la población, no ahora, sino desde hace un par de gobiernos, es que hay mucha impunidad", señaló a The Associated Press el analista y fundador del diario panameño La Prensa, Roberto Eisenmann. "Eso creció en el gobierno de Martinelli por la corrupción exagerada".
Martinelli no hizo comentarios de inmediato sobre la decisión de la corte, aunque antes que la corte se pronunciara, el ex mandatario acusó a su sucesor Juan Carlos Varela de montar una persecución política en su contra. Además, reiteró su rechazo a las acusaciones.
"Esto es totalmente irracional e ilógico", declaró Martinelli a los periodistas. "No vengo a esconderme en ningún lugar y voy a dar la cara".
Varela ha rechazado que esté detrás de un proceso contra su antecesor, del que fue su vicepresidente. El actual líder panameño retiró a su partido de la alianza con Martinelli luego de su destitución como canciller en 2011 y desde ese momento se convirtió en su opositor.
La medida judicial se dio a raíz de una denuncia que Juan Jované, ex candidato presidencial independiente, presentó el 7 de enero contra Martinelli luego de que el ex director del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburelli, involucrara al ex mandatario en el caso por presunto peculado y corrupción en la contratación para la compra de comida deshidratada destinada a las escuelas públicas. Se trata de un contrato por unos 45 millones de dólares.
Una fiscalía anticorrupción encausó a Tamburelli por peculado y corrupción, y ordenó su detención domiciliaria desde hace semanas. Él ha declarado que recibió órdenes del ex jefe de Estado para la firma del contrato.
Otro director del programa durante el gobierno de Martinelli, Rafael Guardia, lleva detenido tres meses por peculado y corrupción en otro caso que tiene que ver con la compra de arroz y otros granos con sobrecostos. Guardia, al que se le han confiscado al menos 18 millones de dólares, mansiones y un yate, confesó que actuó de manera irregular en ese caso e involucró a 12 personas, incluidos ex funcionarios y empresarios, afirmó su abogado Víctor Orobio la semana pasada.
Guardia ha involucrado en ese caso a Martinelli y a su entonces secretario Adolfo De Obarrio, quien está siendo investigado.
La fiscalía anticorrupción, a cargo del caso de Tamburelli, envió a la corte el 14 de enero el expediente en que se menciona a Martinelli.
Uno de los abogados del ex presidente acudió el miércoles ante la secretaría de la corte para exigir que se cumpla el debido proceso. Consideró que antes de tomar una decisión, el máximo tribunal panameño debe consultar al Parlamento Centroamericano, al argumentar que su cliente ostenta inmunidad por ser miembro de ese órgano regional.
Martinelli, un magnate de los supermercados que fue estrecho aliado de Washington, impulsó multimillonarias obras de infraestructura pública que colocaron a Panamá como el país de más rápido crecimiento económico en Latinoamérica en los últimos años. Sin embargo, su gestión se vio manchada por un torrente de denuncias de sobrecostos y pago de sobornos en dichas obras, así como de intentos por trastocar el equilibrio de poderes y espiar a sus opositores.
Su partido perdió en los comicios generales de mayo pasado.
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