MEXICO (AP) -- Una comisión gubernamental determinó que 53 personas deben ser consideradas víctimas de una matanza a manos del soldados en junio pasado, incluidos los familiares de las personas asesinadas que podrán pedir la reparación del daño que podría ascender a varios cientos de miles de pesos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señaló en un reporte al Congreso que determinó que por la matanza en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México, hubo 22 víctimas directas, que corresponde a las personas que murieron, y 31 víctimas indirectas, incluidas tres mujeres que sobrevivieron y el resto familiares de los fallecidos.
Dos de las sobrevivientes fueron encarceladas por presunto acopio de armas, aunque meses después un juez las exoneró por falta de evidencias. La tercera mujer es la madre de una menor de edad que falleció en el lugar.
El organismo señaló que las víctimas tienen derecho a que se les repare el daño, pero su presidente ha dicho que hasta ahora no se ha presentado ninguna persona a reclamarlo.
El ejército y autoridades civiles aseguraron inicialmente que el 30 de junio de 2014 soldados se enfrentaron a delincuentes y luego de un enfrentamiento mataron a 22 personas, además de que habían rescatado a tres mujeres secuestradas.
Periodistas de The Associated Press visitaron la bodega días después del incidente y encontraron pocas evidencias de que se hubiera librado un enfrentamiento prolongado y tiempo después las autoridades reconocieron irregularidades y dijeron que soldados habrían ejecutado por lo menos a algunos cuando ya se habían rendido.
Siete militares están bajo proceso por las irregularidades.
La AP entrevistó a dos de las tres sobrevivientes que relataron las irregularidades y sostuvieron que la mayoría de los presuntos delincuentes fueron ejecutados una vez que se habían rendido.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación propia y concluyó que al menos 15 de las 22 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente tras el enfrentamiento y que hubo intentos de autoridades civiles del Estado de México y castrenses de encubrir los hechos.
La Procuraduría General de la República, sin embargo, ha dijo que sólo ocho habrían sido ejecutados.
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