XALAPA, México (AP) -- Las 11 personas encarceladas en penales de máxima seguridad por disturbios ocurridos en la capital mexicana durante las marchas del 20 de noviembre, en las que los manifestantes pidieron justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero hace más de dos meses, recibieron su auto de libertad inmediata el sábado.
La Procuraduría General de la República (PGR) había acusado a los 11 activistas por los delitos de "homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín", todos delitos del fuero federal por lo que fueron trasladados a penales de máxima seguridad en los estados de Veracruz y Nayarit.
Para los jueces queda probado no solo "la insuficiencia de las pruebas" para los delitos imputados, sino las "inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores" por lo que no da "valor probatorio alguno" a sus testimonios, según un comunicado del Poder Judicial de la Federación.
La entidad va más allá al asegurar que las declaraciones de la policía, supuestamente las víctimas de los activistas, generan "inverosimilitud" y no "se ajustan a las reglas de lógica básica", con lo que crean incertidumbre y restan credibilidad a los hechos denunciados por las fueras de seguridad.
Entre las inconsistencias, el comunicado señala el número de supuestos atacantes, que primero eran 30, luego 16 o 18 y finalmente 11 y la imposibilidad de que quisieran privar de la vida a la policía porque no se tiene constancia de que tuvieran palos o piedras. Por eso el delito de homicidio quedó recalificado en el de lesiones.
El documento agrega que ninguno de los detenidos reconoció haber estado en el lugar donde ocurrieron los hechos ni se conocían, con lo que acusarles de asociación delictuosa no tenía cabida, además el juzgado al que se turnó el caso en Veracruz se declaraba incompetente porque los hechos ocurrieron en el DF.
Por otra parte, la fiscalía de la capital inició un proceso penal contra otros cuatro detenidos a los que se acusa de bloquear el aeropuerto de la ciudad de México el 20 de noviembre por delitos no graves.
Uno de los abogados de los detenidos, David Peña, leyó el auto de formal libertad emitido por el juzgado 17 en Xalapa, la capital de Veracruz, en presencia de familiares y organizaciones civiles que llevaban toda la semana clamando por la inocencia de los activistas.
Los ocho hombres recluidos en el penal de alta seguridad del estado oriental de Veracruz salieron de la cárcel el sábado por la tarde. Emocionados se abrazaron a los familiares que les esperaban y lanzaron consignas acerca de que su lucha y sus reivindicaciones no terminaban ahí.
Las tres mujeres que estaban en una cárcel de características similares en el estado occidental de Nayarit también tenían que ser liberadas de forma inmediata.
Otra de las abogadas que lleva el caso, Mariana Gil, anunció que interpondrán denuncias por tortura contra la Secretaría de Seguridad Pública de la capital mexicana y la PGR ya que los cargos no tenían ningún sustento y fueron fabricados y pedirán dimisiones en tales dependencias.
"Estoy en el día más feliz de mi vida, Pensábamos que podía ser un proceso larguísimo", dijo a The Associated Press Dennis Maxwell, hermano de Laurence, el único extranjero detenido.
"Se ha hecho justicia", añadió desde Santiago de Chile su padre Alberto Maxwell.
Maxwell, músico y escritor que cursa un doctorado en México, fue uno de los jóvenes que provocó más solidaridad en las redes sociales y el propio ministro de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, viajó a Chile para entrevistarse con la familia. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, también recibió la madre.
Alejandro Jiménez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que acompaña a las familias de los detenidos, denunció hace una semana, cuando se supo de su traslado a penales de máxima seguridad, que las medidas tomadas eran excesivas y que el gobierno de México hizo un "uso político del sistema penal" con el fin de "criminalizar" las protestas ciudadanas.
Otro activista, el estudiante Sandino Bucio, que fue detenido el viernes por fuerzas federales, también salió en libertad hoy porque "no se cuenta con elementos en su contra", dijo la Procuraduría General de la República a través de Twitter.
En un encuentro con prensa local, Bucio denunció haber sido torturado y dijo que amenazaron con desaparecerlo como a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La Universidad Nacional Autónoma de México, de donde era alumno Bucio, mostró "su rechazo absoluto a la forma imprudente en la que se condujeron los servidores públicos que ordenaron y procedieron a la detención" y dijo que actuaciones como esa solo "polarizan la situación".
A lo largo de la semana que han permanecido encarcelados los 11 activistas han tenido lugar varias protestas para reclamar su liberación que se unen a las múltiples manifestaciones de hartazgo que tienen lugar en México desde las 43 desapariciones de Iguala hace más de dos meses.
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