En su primera aparición pública desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, artífice de la denuncia más grave en su contra desde que está en el poder, la presidenta desafió por cadena nacional a jueces y fiscales a que la citen a declarar porque "no le tengo miedo", al tiempo que reclamó a la justicia que esclarezca la muerte del funcionario judicial para terminar con una larga historia de impunidad en Argentina.
Nisman, de 51 años, apareció muerto en su apartamento el 18 de enero, horas antes de comparecer ante una comisión del Congreso para explicar la denuncia contra Fernández como supuesta ideóloga de un plan para encubrir a un grupo de iraníes acusados del ataque terrorista contra un centro comunitario judío de Buenos Aires en 1994.
"Es descabellado pensar que nuestro gobierno pueda siquiera ser sospechado de una maniobra semejante", dijo Fernández sobre la denuncia en un discurso grabado que duró una hora y que ofreció sentada en una silla de ruedas a causa de una fractura de tobillo.
Nisman acusó a la mandataria y a su canciller Héctor Timerman de firmar un memorando de cooperación judicial con Irán en 2013 para desviar la investigación del atentado con la supuesta intención comerciar granos a cambio de petróleo que el país sudamericano necesitaba en un contexto de crisis energética.
"¿En qué cabeza puede caber que los primeros en avisar y tratar de que Irán coopere en base a lo que el fiscal de la causa suministraba puede tratar de desviar la investigación? No subestimen la inteligencia de los argentinos", planteó Fernández.
Irán ha negado su responsabilidad en el ataque terrorista contra la sede de la AMIA, en la que murieron 85 personas. A pedido de la justicia argentina, Interpol declaró alerta roja sobre cinco imputados iraníes.
En el mismo mensaje, la mandataria anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma del servicio de inteligencia y explicó que el primer artículo de la iniciativa dispone la disolución de la Secretaría de Inteligencia, que depende del Poder Ejecutivo, y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia.
"Era una deuda que tenía la democracia, de todos los que hemos estado gobernando desde 1983", indicó.
La propuesta fue seguida por la reiteración, por parte de la mandataria, de su hipótesis de que la denuncia de Nisman se basó en datos falsos suministrados por un grupo de la Secretaría de Inteligencia, que fueron removidos por Fernández a fines del año pasado, tal como lo había expresado en dos cartas publicadas en Facebook tras la muerte del fiscal.
"No hay un solo abogado, doctrinario, magistrado que una vez que se conoció la denuncia pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y muchos menos por un fiscal", sostuvo la presidenta.
Antes de cualquier reforma del servicio de inteligencia, el gobierno "debe explicar los once años que manejó la inteligencia, que fue paraestatal prácticamente", cuestionó la diputada opositora Margarita Stolbizer en diálogo con el canal Todo Noticias.
"El discurso tuvo imprecisiones y mentiras... no dio respuestas a las dudas que pesan sobre su gobierno, ni sobre los contenidos de las escuchas que sostienen la denuncia de Nisman", reclamó.
Fernández relató que a partir de la firma del polémico memorando con Irán, al cual defendió como la única vía para sacar de la parálisis a la investigación por el atentado, ya que, según ella, hubiera permitido tomar declaración a los imputados en Teherán, se sucedieron maniobras de desestabilización contra su gobierno desde "propias oficinas del Estado" y apuntó a la Secretaría de Inteligencia, jueces y fiscales, y periodistas "amplificadores de denuncias".
"A mí no me van a intimidar, y no les tengo miedo, digan lo que digan; que los jueces y los fiscales me citen, me denuncien, no me van a hacer mover de lo que siempre pensé que no se puede seguir manejando a la Argentina de esta manera", advirtió Fernández.
La justicia argentina investiga si el fiscal fue asesinado, cometió suicidio o fue víctima de un suicidio inducido. No obstante, para el 70% de los argentinos, al fiscal lo asesinaron, según una encuesta de la consultora Ipsos realizada a 414 personas a principios de la semana pasada.
"Hay un gran pesimismo en la gente frente a la labor que puede hacer la justicia...Es necesario reformar el Poder Judicial, es necesario que los tres poderes del Estado exhibamos transparencia absoluta en el caso del fiscal Nisman", insistió Fernández.
Sobre la investigación de la muerte de Nisman, la presidenta puso bajo sospecha el rol de un colaborador del fiscal que le dio el arma que puso fin a su vida.
Fernández identificó a Diego Lagomarsino como "un feroz opositor al gobierno, ya que pudimos advertir en su Twitter las groserías e insolutos que no voy a reproducir, y agravios de contenido machista dirigidos a esta presidenta". Y agregó que "es hermano de un importante ejecutivo" con vinculaciones al Grupo Clarín, el conglomerado de medios con el cual el gobierno está enfrentado desde 2008.
En un comunicado, el Grupo Clarín dijo que "tiene que volver a desmentir una declaración presidencial, en este caso referida al hermano de Diego Lagomarsino, persona que jamás trabajó ni tiene ninguna vinculación" con la compañía.
La gobernante "debió tener otro eje, lamentar la pérdida del fiscal, dar las condolencias a sus familiares. Desviar el tema Lagomarsino es lamentable", opinó Jorge Knoblovits, secretario general de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.
Extrañamente, Fernández se había abstenido a salir a la luz pública ante la muerte de Nisman, que provocó la crisis política más grave que ha enfrentado su gobierno, que aún puede comprometer las posibilidades de su partido de ganar las elecciones presidenciales de octubre.
Su ausencia generó todo tipo de suspicacias y pareció descolocar a Fernández, cuya única reacción en una semana fueron las dos confusas cartas que subió a su página de Facebook con hipótesis contradictorias sobre las causa del deceso de Nisman y teorías de un complot contra su gobierno.
Esta crisis se produce en momentos en que el partido peronista de Fernández se prepara para las elecciones del 23 octubre, en las que la presidenta no puede volver a presentarse para un tercer mandato. Habrá que ver qué impacto tiene el escándalo, que podría vigorizar a una oposición débil y fragmentada, en una contienda que actualmente carece de candidatos fuertes.
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