El cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), fue hallado muerto la madrugada del lunes en el cuarto de baño de su departamento junto a un arma calibre 22. La justicia investiga si se trató de un suicidio o un asesinato.
La muerte se produjo cinco días después de que Nisman acusara a la presidenta, al canciller y a allegados al gobierno y personal del servicio de inteligencia de supuestamente haber llevado a cabo un plan para lograr la impunidad de los cinco funcionarios iraníes acusados del ataque.
"Es un día nefasto... A partir de este disparo hay que empezar a tratar de desenmarañar esta madeja que nos deja el fiscal", dijo Julio Schlosser, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), una de las instituciones que representa a la comunidad judía del país, la más numerosa de América Latina.
Schlosser agregó a Radio Mitre que "volvió a estallar la bomba de la AMIA", que en 1994 dejó 85 muertos y más de 200 heridos.
La AMIA y la DAIA manifestaron en un comunicado su "estupor" y destacaron "la permanente actitud abierta de Nisman, durante casi una década, de ser receptor de todo tipo de elementos que colaboren con la causa que investiga el ataque".
Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y uno de los principales dirigentes de la oposición, afirmó en conferencia de prensa que "si esta muerte termina en más impunidad, es un desastre para el futuro institucional de nuestro país".
La más contundente fue la dirigente Elisa Carrió, una férrea opositora del gobierno, quien afirmó que la muerte de Nisman "era previsible".
"Esto es república o mafia... No tomen eso de que se suicidó porque estaba deprimido. Pudo haber sido un suicidio inducido o un asesinato", dijo Carrió a medios de prensa.
Por su parte Ernesto Sanz, titular de la opositora Unión Cívica Radical, afirmó a radio Continental que es "responsabilidad de la oposición" esclarecer las causas de la muerte del fiscal y reflotar sus denuncias contra la presidenta. "Desde que se recuperó la democracia (en 1983 después de siete años de dictadura militar) este hecho debe ser uno de los más graves", señaló Sanz.
El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, fue una de las pocas voces del gobierno en referirse a la muerte del fiscal.
"Siento pena por el fallecimiento de Nisman, es un hecho que produce un estrépito mayúsculo", dijo el secretario presidencial a periodistas. "Me consterna ver lo que sucedió, que haya tomado semejante decisión", agregó abonando la hipótesis de que el fiscal se habría quitado la vida.
En las calles de Buenos Aires la muerte de Nisman era tema de conversación excluyente.
"La verdad nunca se va a saber, pero no hay duda de que lo mataron", dijo a The Associated Press Estela Damonte, una docente de 47 años. "No hace falta ser psicólogo para darse cuenta de que estaba convencido y muy seguro de todo lo que decía... Cuando hablaba por la televisión le dije a mi marido `con toda la gente poderosa que tocó, este fiscal no llega al miércoles'", sostuvo.
Agustín Castro, un auditor de 32 años, aseguró a AP que Nisman "demostró que tenía muchas pruebas de lo que decía y eso no se lo perdonaron. Afectó a gente muy poderosa".
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