Los detenidos representan una tercera parte de la fuerza policial del municipio Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo. Todos los 38 agentes de la municipalidad fueron traídos el martes para que rindieran su declaración.
El procurador de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo el miércoles por la noche que los 13 quedarían arraigados (detenidos preventivamente) 30 días mientras prosiguen las investigaciones.
Asimismo el jueves, las autoridades estatales confirmaron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, una unidad de la Procuraduría General de la República que indaga los crímenes contra periodistas, ha emprendido su propia investigación como lo solicitaron la familia de Sánchez y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sánchez, cuya revista semanal cubría la violencia local y la corrupción gubernamental, fue sacado de su casa en Medellín del Bravo el viernes pasado por hombres armados. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que en 2014, Sánchez había recibido varias amenazas.
El cadáver que es examinado es uno de dos hallados en el área días después de la desaparición del periodista.
"Las pruebas de genética serán contundentes en los resultados afirmativos o negativos", dijo Bravo en la capital estatal, Xalapa, donde fue entrevistado por reporteros locales que bloquearon una importante calle durante tres horas para protestar por la desaparición de su colega.
El jueves por la mañana, un grupo de periodistas interrumpió las sesiones del Congreso estatal en Xalapa, con carteles que decían "7 días sin Moisés" y "Legisladores, pidan a la PGR que atraiga los crímenes de periodistas". PGR son las siglas de la Procuraduría General de la República.
Grupos de defensa de los periodistas dicen que Veracruz es uno de los estados más peligrosos para los reporteros en México. Desde el 2011, al menos tres han sido asesinados por su trabajo.
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